Según el Atlas del Agua-Chile 2016 (elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas), entre el año 2008 y el mes de agosto de 2015 se dictaron 75 decretos de escasez hídrica en el país, siendo la Región de Valparaíso la que concentra el mayor número.
Recientemente, todas las comunas de la provincia de Petorca han sido declaradas como zona de escasez. Se trata de la herramienta consagrada en el Código de Aguas para hacer frente a la extraordinaria sequía que la motiva, de modo de aliviar sus negativos efectos. En este contexto, los primeros llamados a enfrentar esta crítica situación son los propios titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, quienes deben, colectiva y organizadamente (a través de las respectivas organizaciones de usuarios), adoptar medidas para gestionar la escasez.
Si no se produce acuerdo entre ellos, la propia ley entrega a la DGA una serie de potestades para actuar en este campo.
En estos casos, lo relevante, y que cabría constatar, son los efectos prácticos de la dictación de declaraciones de esta índole. Ante desacuerdos entre los titulares de derechos de aprovechamiento sobre la forma de redistribuir las aguas disponibles, ¿se ejercen efectivamente las potestades conferidas a la DGA para reducir los daños de la sequía? ¿Todas las medidas adoptadas están en sintonía con la urgencia y necesidad de mitigar sus consecuencias? (por ejemplo, ¿se cuida que las autorizaciones de extracción otorgadas en ese escenario sean mínimas y controladas?). Generalmente, ante el agotamiento de las fuentes superficiales, se intensifica la explotación de aguas subterráneas, ¿se vigila el comportamiento de estas fuentes para evitar su colapso? ¿Hay una mirada a largo plazo (sustentabilidad) en la adopción de acciones o se sigue enfrentando la sequía como un fenómeno aislado y sólo con medidas reactivas?
Éstas son sólo algunas de las interrogantes que plantea la declaración que acaba de dictarse nuevamente en la región de Valparaíso, y que impulsan a ir más allá de la mera emisión de este decreto administrativo, procurando su aplicación efectiva y resultados prácticos concretos. En ausencia de ellos, podremos estar frente a una rimbombante y bien intencionada declaración, pero totalmente vacía de contenido.
