Revisa la columna de opinión de Elisa Blanco aquí.

“El problema no está en la disponibilidad, sino que en la mala gestión”, ha sido una de las frases más recurrentes del último tiempo en materias de agua. La difusión de esta premisa llegó a su punto máximo durante la semana pasada, con la aprobación del proyecto de reformas al Código de Aguas por parte  de la Cámara de Diputados.

Dicha reforma está enfocada en mejorar la gestión en materia de aguas, asegurando el uso a la población y en segundo lugar, al sector ambiental. Fue en esta discusión cuando se hizo evidente que gran parte de los aspectos que se pretenden modificar requieren de un mejor sistema de información que permita realmente llevar a cabo una buena toma de decisiones en materia de aguas.

En este sentido, hay tres aspectos claves que deben estar presentes en un buen sistema de gestión hídrica: información de la disponibilidad de aguas, control sobre los usos y una estructura institucional que permita la toma de acciones correctivas al respecto. A continuación, se revisa el desarrollo de estos tres elementos en el sistema de gestión de aguas del país.

Primeramente, en cuanto al control sobre la disponibilidad hídrica, Chile se caracteriza por tener una estructura de monitoreo más bien dispersa. Hay muchas instituciones que participan del proceso, siendo la Dirección General de Aguas (DGA) la encargada de recopilar y publicar los datos. Pese a que hay coordinación institucional, por ejemplo, con el Departamento Meteorológico de Chile, con quienes se creó el Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA) para obtener datos más actuales, detalles de flujos o de disponibilidad de aguas superficiales, es necesario realizar consultas específicas.

Este sistema se desestructura aún más al considerar aguas subterráneas. De esta forma, sigue existiendo una serie de lagunas y demoras en la provisión o publicación de los datos.

En cuanto al uso del agua, esta información varía significativamente entre las organizaciones de usuarios de aguas (OUAs) encargados de monitorearlas. Hay algunos casos donde cada extracción superficial y subterránea está siendo monitoreada, e incluso publicadaen línea. Estos casos han resultado eficaces sin una intervención gubernamental significativa.

Sin embargo, aún quedan una gran cantidad de cauces y de acuíferos que no están siendo monitoreados, generando un vacío importante de información. Dado que la disponibilidad de agua y los usos del agua no se están recogiendo en forma constante o uniforme, no es posible desarrollar un balance hídrico confiable o en los tiempos adecuados para la toma de decisión.

Finalmente, Chile ha desarrollado un sistema institucional específico en el que la mayor parte de la información y la gestión del agua es llevada a cabo por organizaciones locales (OUAs). La DGA, en este modelo, es quien realiza la asignación inicial de los derechos de agua y supervigila el trabajo de dichas OUAs.

Con estos dos componentes, local y estatal de recolección y manejo de la información, se supone que el proceso de gestión de aguas debiese funcionar. Sin embargo, la falta de recursos y de personal de ambas organizaciones ha llevado al bajo cumplimiento de la función controladora y fiscalizadora, poniendo en jaque el funcionamiento del sistema previsto.

De esta forma, en orden de llevar a cabo una buena gestión de las aguas se requiere dar énfasis a los sistemas de información, fomentando el desarrollo de OUAs en aquellos lugares en donde aún no se han organizado, desarrollando un sistema de monitoreo y de publicación de la información confiable, además de brindar las capacidades para que esta institucionalidad pueda hacer cumplir sus propias regulaciones.

Sobre el asunto conversaremos en un seminario que se realizará este 1 de diciembre, en Casa Central de la UC. 

FUENTE: Radio Cooperativa.

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