Revisa la columna de opinión de Elisa Blanco aquí.

 El pasado 29 de Julio, la Resolución 2129 de la Dirección General de Aguas (DGA), ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas a adecuar los sistemas de control de extracciones y levantar información en forma periódica, dejando a los usuarios de aguas subterráneas en alerta ¿qué es lo que se les está pidiendo?

Por una parte, se está solicitando una normalización en la recopilación de información y el control de la cantidad de aguas subterráneas extraídas. Esto es necesario, ya que tal información es clave para llevar a cabo una buena gestión y evitar la sobre-explotación de las cuencas.

Es increíble pensar que al día de hoy Chile no cuente con un sistema de información de aguas subterráneas. En la zona norte del país, un 33% del total de agua que está otorgada para uso consuntivo[1]corresponde a aguas subterráneas[2].

Es en esta zona donde más se escucha hablar de sequías, de extracciones ilegales de aguas y de sobre otorgamiento de derechos. Por lo mismo, la existencia de un sistema normalizado de control de este tipo de usos, se vislumbra en primera instancia, como algo positivo y completamente necesario para el país.

Sin embargo, la metodología propuesta para la instalación, adecuación y fiscalización de estas obras, presenta algunos desafíos.En la normativa, la DGA otorga un plazo de 120 días para que los usuarios de aguas subterráneas adecúen un medidor de caudales a las características específicas solicitadas, en muchos casos, instalándolo por vez primera, o bien, que declaren que esas aguas no son utilizadas.

Esto involucra a una gran mayoría de usuarios de aguas subterráneas que se ubican principalmente desde la Región de Valparaíso al norte[3]. En cada uno de estos pozos, se deben instalar caudalímetros, también llamados flujómetros, que midan el volumen de agua que se extrae, similar a la función que cumplen los medidores que se colocan en los hogares por las empresas sanitarias.

De esta manera, en el plazo de cuatro meses, una gran mayoría de los usuarios de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas allí emplazados -que ascienden a 17 mil- tendrá que invertir en estos aparatos y en su continua calibración.

Para esto último, se requiere de la visita de especialistas a la zona, lo que significa un gasto importante, a menos que se lleve el equipo a calibración en los laboratorios especializados y se pierdan las mediciones durante ese período. Por ende, en un corto período de tiempo, este proyecto impone altos costos a los usuarios, sin ofrecer herramientas financieras que apoyen tal inversión.

Al mismo tiempo, se vislumbra una escasa capacidad institucional de parte de la DGA para manejar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa: la institución no parece estar preparada para la recepción y análisis de todas las declaraciones que están solicitando, mucho menos para llevar a cabo el procesamiento de la información de caudales proveniente de ellos.

Los largos tiempos de demora en la resolución de solicitudes por parte de la DGA suelen ser bastante frecuentes. La capacidad de llevar a cabo el control o la fiscalización de dichas obras es de difícil implementación, considerando que dicha área cuenta con 47 personas para todo el país[4].

Pese a que la Dirección General de Aguas cuenta con la autoridad y la legitimidad para ordenar una resolución de este tipo, podría no ser eficiente en el cumplimiento de estos nuevos parámetros. Es posible que la DGA requiera de mayor apoyo para esta labor, el que podría estar dado por las organizaciones de usuarios de aguas.

Estas organizaciones, conformadas en la mayoría de los ríos y en un gran número de canales de la Región del Biobío hacia el norte, se componen de todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de un mismo río, acuífero, canal u otra obra hidráulica común y son las encargadas de llevar a cabo en la práctica diaria la distribución de las aguas. Son estas entidades las que velan por el control de los usos y extracciones, pero muchas veces, carecen de los recursos para hacerlo.

La nueva normativa de control de extracciones tiene aspectos positivos y algunos que generan nuevos desafíos en la institucionalidad pública. Por una parte, se insta a la creación de  un sistema de información de uso de aguas subterráneas, hoy en día inexistente.

Por otra parte, ello implica un costo importante, que en este minuto estaría siendo absorbido únicamente por los usuarios. Al mismo tiempo, la falta de recursos de parte de la DGA para supervisar la correcta implementación de esta resolución ofrece una oportunidad.

La ejecución de esta nueva normativa se vería apoyada con una mayor cooperación por parte de la DGA y las organizaciones de usuarios de aguas. Ambos organismos podrían complementarse en el manejo, gestión y control de las extracciones de aguas subterráneas, a modo de reforzar la labor que ambas actualmente realizan.

1. Aquellas que pueden usarse sin requerir restitución posterior. 

2. Considerando 161.145 l/s de caudal otorgado en la macrozona norte para aguas superficiales y 81.130 para aguas subterráneas. Fuente:Atlas del Agua 2016 de la DGA.

3. El rango de titulares a los que esta norma afecta está determinado por una serie de resoluciones de control de extracciones de la DGA, así como a titulares de derechos provisionales, y otros.

4. Gobierno transparente, Septiembre de 2016.

Coautora del artículo: Paula Reyes abogada e investigadora del Centro de Derecho de Gestión de Aguas UC.