El abogado, especialista en recursos hídricos, considera que es favorable revisar la legislación y hacer cambios o actualizaciones respecto al agua. Sin embargo, señala que en estos procesos debieran participar más actores especializados y técnicos.

Este año, la Pontifica Universidad Católica inauguró su Centro de Derechos y Gestión del Agua UC, con Alejandro Vergara, abogado, como director.

El jurista además es miembro de la Asociación Chilena de Abogados del Sector Sanitario y de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas (AIDA), y profesor titular en derecho administrativo de la mencionada casa de estudios. En su trayectoria las temáticas vinculadas a la administración del agua han sido una constante.

¿Cómo evalúa el camino hacia una mejor gestión de los recursos hídricos en Chile?

En todo análisis equilibrado de la gestión de aguas, cabe observar, primero, que hay un equilibrio entre la Administración del Estado, la sociedad y el mercado.

En segundo lugar, hay otras instancias, como las del medio ambiente, cuya preocupación son las afecciones a las escorrentías y acuíferos; así, a través de ese esquema de cuidados del medio ambiente deben haber coordinaciones con la gestión administrativa de las aguas.

En tercer lugar es importante preocuparse de los conflictos, porque son muy indicativos. A la gestión del uso pacífico de los cursos de agua habría que incorporar también los tribunales, que son los que resuelven los conflictos. Eso es algo que también se podría analizar separadamente y en este último aspecto nosotros hemos propuesto la necesidad de una creación de tribunales especiales de aguas.

¿Y cuáles serían las tareas que propone que cumpla este tribunal de aguas?

Su tarea natural es la resolución de los conflictos; pero pareciera que la más urgente es coadyuvar a la regularización de los usos consuetudinarios, en donde hay más dispersión jurisprudencial en los tribunales actuales, en especial en la Corte Suprema. Pero pareciera que no está en los planes del Gobierno. La tendencia legislativa en nuestro país, para resolver los conflictos más críticos en materias especializadas, como los Tribunales ambientales u otros, ha sido la creación de tribunales específicos.

El tema aguas es muy especializado, y esto siempre ha sido complejo para los tribunales ordinarios.

Respecto a una posible creación de la Subsecretaría del Agua ¿Qué opina y cuáles estima que debieran ser sus lineamientos?

Creo que todos los esfuerzos por mejorar la administración de las aguas en nuestro país son relevantes y los principales objetivos de mejorar la organización estatal de las aguas deben llevarse adelante en la medida que no desarticule este equilibrio actual, entre administración estatal, autogobierno de los usuarios y mercado.

Si el objetivo de instaurar un nuevo órgano en la administración del Estado implica incorporar un órgano dominador de las otras dos instancias, yo creo que puede ser muy negativo. Va a producir incertezas en los usuarios y en el mercado, generaría desconfianzas y en esos casos es peligroso ese desequilibrio, para qué decir sin un tribunal especializado.

Lo que cabe es crear un órgano administrativo autónomo de los gobiernos de turno, con alta capacidad técnica. Una verdadera Agencia de Aguas, que reemplace al actual órgano que ofrece muchas debilidades en ese sentido.

¿Debiera hacerse la reforma al código de aguas?

En primer lugar, a raíz de los problemas que se dan en la práctica, siempre las regulaciones tienen que ser revisadas, monitorearse el cumplimiento de los objetivos, y por lo tanto, per se no es negativo pensar en modificar la regulación de aguas. Al revés, se podrían tener protocolos legislativos, y estar revisando las regulaciones cada cierto tiempo, e ir modificándolas en lo que sea necesario.

No hay que pensar que las decisiones legislativas anteriores son perfectas, sobre todo en temas tan técnicos y que dicen relación con decisiones de los particulares por el mejor aprovechamiento de las aguas, y en momentos como este que aparecen nuevos imperativos sociales, como cuidar el medio ambiente, o asegurar el derecho humano al agua.

Por lo tanto, no cabe oponerse a toda modificación, ni yo mismo lo he planteado así. Pero, en segundo lugar, es importante que para esas modificaciones se aprovechen todas las instancias sociales de discusión, y escuchar antes todo tipo de planteamiento, de conocimiento.

Las modificaciones no pueden hacerse a puertas cerradas, sólo escuchando a los amigos políticos. El Proyecto actual de modificaciones se ha hecho de un modo muy ideologizado, muy parcial, pareciera que el fin es incorporar una visión política de la sociedad; y hay muchos actores que no han sido invitados a la discusión ni al aporte de las ideas. Muchos actores nos hemos enterado por la prensa de las modificaciones, y eso es trágico para un país con una comunidad científica pequeña, en que quizás por la sospecha de tener una visión crítica, no sean invitados actores a esta discusión.

¿Cómo es la participación de los técnicos o especialistas en un Proyecto de Ley complejo, como es el de aguas?

Por ejemplo, yo no he tenido ninguna participación en el Proyecto de modificación actual; pero también hay muchas otras personas con experiencia y conocimientos que pueden aportar. En mi caso, nunca he recibido una invitación a discutir la reforma. He visto mucho secretismo en la elaboración de ciertos proyectos e indicaciones, con invitación de profesores extranjeros a reuniones a las cuales no hemos asistido los profesores nacionales de Derecho de aguas. Es un desastre cultural para un país cuando no se aprovecha la experiencia de las personas que conocen de los temas especializados.

¿Usted tampoco?

En este caso, yo represento a la comunidad académica, y he sido aislado; no escuchado; te tenido que opinar a través de columnas en los periódicos. No es que yo tenga una herida personal, sino que en términos culturales, en un país serio, de gente seria, no se puede hacer eso, y hay que invitar a todos, aún cuando se presienta una visión crítica; eso es democracia; lo otro es actuación despótica.

El Gobierno piensa que tiene los votos en el Congreso, y eso le basta. Pero hacer las leyes en democracia es algo más serio y técnico.

Por otro lado, hay que hacer un buen diagnóstico, lo que está unido a lo anterior. Ninguna persona se puede negar a una reforma, como dije antes. Además, en la medida que se invite a participar y a colaborar a todos los expertos, sin discriminar colores, de un modo no estratégico, se obtendrá un mejor diagnóstico para la reforma. Digo “no estratégico”, pues eso de andar pidiendo Informes en derecho, en medio de un trámite legislativo, como si se tratara de ganar un juicio, es indicativo de rehuir el diálogo técnico y colaborativo.

¿Cómo debiera hacerse?

Normalmente, en los países en que se llevan adelante reformas sobre sectores e insumos sociales tan relevantes, regulaciones técnicas que tengan una efecto expansivo para otras regulaciones, se elaboran libros blancos, verdaderos diagnósticos, en que se incorporan todas las visiones. Una vez hecho el diagnóstico, cabe seleccionar los aspectos relevantes.

A medida que los técnicos aplican su racionalidad científica en el análisis se ponen de acuerdo muy rápidamente; sin negar la necesidad del tamiz político posterior; pero siempre posterior, para que el legislador sepa los riesgos que corre cada vez que se sobre-ideologiza.

La idea es que las aguas sean aprovechadas del mejor modo posible, de la manera más pacífica en cuanto a su acceso y que no existan grandes conflictos en cuanto a ellas y que se asegure su uso por muchos años.

Sin perjuicio de algunas materias atendibles (como confirmar la conexión del agua con los usos humanos y preservación ambiental), lo que se percibe en el proyecto de modificación del Código de Aguas, en buena parte, es puro deseo de legislar, y se ha ido improvisando a medida que los colegisladores, en especial el Gobierno se ha ido tropezando en sus propios pasos anteriores. Esto último es notorio en la fijación que tienen los legisladores en re-nacionalizar o estatizar las aguas, por una parte; y por otra, debilitar las titularidades privadas de las aguas o sembrar caducidades por doquier.

¿Qué temas han quedado fuera del debate o de los nuevos proyectos?

Por ejemplo, primero, se ha dejado fuera la modificación a las aguas subterráneas, tema que ni siquiera se ha tocado y es en lo que hay un mayor retraso en nuestra legislación.

El código vigente es muy escueto, quizás eso explica en muchos casos graves problemas de sobreotorgamiento que ha habido, que desde hace muchas administraciones atrás no se ha actuado del mejor modo en parte por carecer de un diagnóstico y por carecer de regulaciones apropiadas.

Segundo, también ha quedado fuera una solución racional de los usos consuetudinarios, los que son muy importantes para la agricultura y para los indígenas; pues el proyecto intenta llevar adelante su formalización mediante mecanismos riesgosos para los particulares, a través de vías rápidas, con penas de de caducidad . La regularización es una tarea que no se ha hecho por la propia DGA en 35 años y ahora se intent incorporar una política de shock para que lo hagan directamente los particulares en un año o dos bajo las penas del infierno. No me parece equilibrado ni justo para los agricultores e indígenas, que serán los más perjudicados.

Tercero, se está preparando al interior del Gobierno un nuevo proyecto para modificar las organizaciones de usuarios y no sabemos cuál es el sentido.

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