Más de un año le tomó a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado despachar el proyecto que establece las aguas como bienes nacionales de uso público, y que pretende concesionar las próximas entregas de derechos. La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión; el presidente de la SNA, Patricio Crespo y el director de Derecho Administrativo Económico de la PUC, Alejandro Vergara entregaron su opinión sobre el proyecto de ley.
Luego de un año y medio de revisión de mociones parlamentarias, de realizar audiencias con todo tipo de expertos -y esperar una mayor urgencia en la coalición oficialista- finalmente la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado logró despachar el proyecto de ley de reforma constitucional en materia de derechos de agua, uno de cambios estructurales que anunció la actual Administración. Esta reforma, que busca como eje el establecer las aguas como bienes nacionales de uso público, es un insumo esencial para el proyecto que paralelamente se tramita en la Cámara Baja de reforma al Código de Aguas. Esto, porque sin la reforma constitucional difícilmente se podría establecer la sanción y posterior expropiación de los derechos de agua otorgados como propiedad privada que están sin uso.
Actualmente, el proyecto de ley será revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que tendrá hasta el 10 de junio para despachar la iniciativa a la Sala, de manera que pueda continuar con su tramitación. La senadora Adriana Muñoz (PS), presidenta de la Comisión que elaboró y votó el proyecto, llamó al sector privado a perder el miedo a la iniciativa (la que ya rechazó enfáticamente en su momento) en el sentido que los derechos ya otorgados no serán tocados.
–¿Cómo fue el despacho de la iniciativa, luego de tantos meses de debate?
–Se lograron aprobar 4 artículos de forma mayoritaria, con el voto de 4 integrantes de la Comisión, como fue establecer la naturaleza jurídica de las aguas. Se definió que estas son bienes nacionales de uso público, en todos sus estados, además se establece la prioridad del uso para consumo humano, doméstico y sanitario. También se apunta la manera de entregar el agua a los particulares de aquí en adelante, en forma de concesión y temporalmente, mientras los derechos ya otorgados se mantienen. Finalmente, se incorporó en el proyecto el recurso de protección en materia de defensa de acceso al agua de las personas.
–¿Qué pasó con el quinto artículo propuesto por el proyecto, que finalmente no se aprobó?
–Se perdió el corazón de la reforma, que era eliminar el inciso final del Nº24, artículo 19, de la Constitución. Permanecerá el que el Estado entregará a los particulares el derecho de agua en forma de propiedad privada, con lo que se mantiene el sello de mercado, productivista. Es contradictorio mantener esa redacción considerando todo lo logrado en los otros artículos.
Hoy hay temores de que los derechos de agua entregados como propiedad privada sean quitados o expropiados, pero eso no es así. Se hace la distinción en la propia Constitución que esos derechos ya entregados se mantendrán.
–¿Qué espera del paso del proyecto por la Comisión de Constitución, luego del largo trámite que ya han realizado?
–Creo que esta movida fue una forma de los sectores que no están de acuerdo con esta reforma de demorarlo, ocultarlo. En nuestra Comisión tenemos cierto malestar por esta situación, hubo un trato vejatorio, porque nos inhabilitaron para presentar nuestro largo trabajo legislativo. Mi mayor temor es la demora, y que el proyecto pueda "morir" en la Comisión de Constitución.
–¿Esos sectores que ustedes nombra son los mismos que rechazaron en un comienzo la reforma? Al menos en el Agro y en la Minería llamaron a terminar con la incertidumbre.
–Algunos quieren seguir con este modelo de mercado, que puede ser beneficioso en ciertos aspectos, pero que tiene una desregulación total en las actividades productivas. Si vemos que bajo esta filosofía las cuencas se han ido agotando, y que bajo el estrés de la sequía descubrimos que la forma como se accede al agua en este país es netamente extractivista… Al final hemos quedado con la institucionalidad que se llama “camión aljibe”, que debe suministrar el agua. Estos son miles de millones de dólares usados en comprar agua, pagar choferes y transportar el recurso a todas las localidades. Eso es lo que inspira esta Constitución; el camión reparte 7 litros de agua diario a una familia, mientras un palto requiere 250 litros al día. Algo estamos haciendo mal, y ya tenemos casi todos los derechos de agua entregados. No sé qué más vamos a concesionar.
–Entiendo que en la reforma que se realiza al Código de Aguas sí se establecen caducidades y posibilidades de expropiación para los derechos ya otorgados. En cierta forma ese proyecto espera la resolución de esta reforma constitucional.
–Delegamos en la ley la facultad del Estado de sancionar, multar y expropiar a los propietarios de los derechos de agua ya otorgados, cuando estas están en desuso. Esto porque se entra en el ámbito de la especulación, están guardados los derechos como una acción que se valoriza a medida crece la demanda por agua. En el norte se dice que hay un 40% de derechos de agua otorgados para proyectos que no se han realizado…
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